Bufetes de abogados internacionales y asesores ya han sido contactados por las grandes energéticas españolas, que empiezan a plantearse acudir a arbitrajes para defender sus intereses.

Las grandes empresas de energía españolas se preparan para una batalla legal contra México por las últimas medidas decretadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el ámbito energético, que empeoran las reglas del juego para las inversiones realizadas en energías renovables.

Según explican fuentes de diversos bufetes de abogados internacionales y firmas de asesoramiento especializadas, las eléctricas están realizando ya consultas sobre su situación en el país azteca y empiezan a plantearse la posibilidad de ir a un arbitraje internacional si se mantiene el bloqueo actual. Entre las afectadas, se encuentran grandes cotizadas como Iberdrola, Naturgy o Acciona, pero también otras firmas independientes como X-Elio, Elawan Energy (antigua Gestamp Renovables) o FRV.

Las patronales mexicanas Asolmex y Amdee, en las que participan varias empresas españolas, aseguran que hay en juego 6.400 millones de dólares en inversiones (más de 5.800 millones de euros al cambio).

A principios de este mes, el Ejecutivo mexicano decidió imponer restricciones sobre 44 proyectos de energía eólica y fotovoltaica de inversores privados que estaban listos para conectarse a la red. Posteriormente, también se suspendieron las pruebas preoperativas de aquellos proyectos que están aún en fase de construcción.

El veto a renovables de México afecta a empresas como Iberdrola, Acciona, Naturgy, X-Elio, Elawan o FRV, todas ellas con proyectos en el país azteca

La Secretaría de Energía dirigida por Rocío Nahle y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) elaboraron un acuerdo que señalaba que la baja demanda energética, derivada de la pandemia del coronavirus, daba prioridad a la producción energética a través de generación convencional con hidrocarburos de su empresa estatal de energía.

René Irra de la Cruz, socio de contencioso y arbitraje internacional de Cuatrecasas en Ciudad de México explica: “Entre los principios que establece el acuerdo de política de confiabilidad, se encuentra el otorgamiento de ciertas facultades discrecionales al Cenace; la determinación de la confiabilidad como principio rector, inclusive por encima de los demás principios previstos por la propia Ley de la Industria Eléctrica, como son el de sustentabilidad y de eficiencia económica, lo que permitiría al Cenace reducir el despacho de centrales eléctricas fotovoltaicas y eólicas bajo criterios de confiabilidad, y la posibilidad del Cenace de negar la interconexión a centrales limpias bajo consideraciones de consumo y demanda”.

Aunque en principio se trata de una medida coyuntural, en el sector creen que la norma irá más allá de la crisis sanitaria. Javier Santos, socio especializado en Energía del bufete DLA Piper, señala que estas restricciones impuestas por México suponen una traba a la libre competencia y han encontrado la oposición de distintas autoridades estatales al margen del Gobierno, como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Este experto cree que estas medidas decretadas por el Gobierno de AMLO tienen más que ver con la defensa de las firmas públicas del sector que con los efectos de la pandemia.

“Supondrían un cambio en las condiciones actuales del mercado eléctrico que impondría restricciones y límites al desarrollo de las energías renovables, lo que podría desfavorecer condiciones de competencia efectiva y afectar derechos adquiridos de los inversores en proyectos de energías renovables. Además, se hace prevalecer el principio de confiabilidad respecto del equilibrio que se debe mantener con otros contenidos en la propia Ley de la Industria Eléctrica, como son el de sustentabilidad y de eficiencia económica”, opina Irra de la Cruz (Cuatrecasas).

Para algunos expertos en la materia, México podría acabar con un grave problema similar al que sufre España también por los recortes a las renovables, que ha desembocado en la interposición de cerca de 50 arbitrajes en los que se reclaman más de 10.000 millones de euros. Antonio Morales, socio de Baker McKenzie y director del área de Derecho Público, Infraestructuras y Energía del bufete internacional, destaca que “la nueva regulación mexicana recuerda, por lo impredecible, al caso español de las renovables, donde numerosos inversores presentaron arbitrajes internacionales con base en la Carta de la Energía, obteniendo en su mayoría laudos favorables. Parece que la historia se puede repetir, esta vez, al amparo, entre otros, de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones”.

Concuerdan los expertos en que la cuestión va para largo. Greenpeace logró el pasado viernes en los tribunales que las medidas queden en suspenso temporal, con lo que todos están a la espera de una resolución judicial definitiva respecto al cambio regulatorio.

Favorecer a sus empresas públicas

Desde el sector, explican que el freno a las energías renovables de agentes privados supone un respiro para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía pública del sector en México, y Pemex, la petrolera que suministra a las grandes plantas de generación a través de fuelóleo y que atraviesa por momentos de dificultad tras el derrumbe del precio del crudo.

En esta misma línea se muestra Bernardo Cremades Jr., socio de B. Cremades & Asociados, quien duda de que esta decisión tenga por objetivo el beneficio del interés público, ya que actualmente todo el mundo se dirige hacia el fomento de las energías renovables, y si el problema fuera el exceso de oferta, tendría más sentido parar las plantas más contaminantes en favor de las energías limpias, que además son más baratas para el consumidor.

“Las empresas españolas están cada vez más acostumbradas a litigios y arbitrajes de este tipo en todo el mundo, máxime cuando lo que está en juego es la defensa de los intereses de sus accionistas e inversores, y el respeto al marco jurídico y el libre mercado”, explica Juan Rivera, ‘senior managing director’ de FTI Consulting.

La cuestión ha hecho saltar todas las alarmas, hasta el punto de que la Unión Europea envió una carta firmada por los embajadores de 19 países distintos, incluido el de España, solicitando una reunión al Gobierno para valorar estas medidas y conocer su extensión en el tiempo y el potencial impacto y repercusiones para las empresas. Cabe destacar que, además de las grandes empresa españolas, hay otros gigantes afectados como la francesa Engie, la italiana Enel o la portuguesa EDPR, que cuentan con importantes proyectos en el país norteamericano.

Por su parte, el propio presidente de México, López Obrador, está defendiendo esta medida con argumentos que nada tienen que ver con el coronavirus. Según declaraciones de los últimos días, los anteriores gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón entregaron el desarrollo energético a empresas privadas a las que dieron prioridad por encima de los intereses del pueblo mexicano.

No es la primera vez que el Gobierno de AMLO choca con las empresas españolas. Poco después de su llegada, resolvió un contrato mucho antes de su finalización con Acciona y FCC para la construcción de una parte de un aeropuerto.

En este contexto, algunas compañías ya han puesto recursos de amparo en la Justicia ordinaria de México para frenar las intenciones del Gobierno del país azteca, pero fuentes legales destacan que esta vía es peligrosa, ya que puede anular para las empresas extranjeras la vía arbitral, mucho más segura a la hora de realizar reclamaciones. Si la situación empeora, abogados expertos en litigios con experiencia en los conflictos que está librando España con los inversores de renovables apelan al Tratado de Protección de Inversiones México-España y al Ciadi (la corte arbitral del Banco Mundial) como la mejor opción para defender sus intereses.